La Guerra contra las drogas es injusta e ineficaz.
Priorizar a las comunidades, la salud y la justicia, funciona.
Pero los gobiernos siguen financiando la guerra contra las drogas y fallando en invertir en justicia.
Criminalizar las drogas no disminuye su consumo o venta, y no ayuda a reducir los daños relacionados a ellas.
Las leyes punitivas sobre drogas violan los derechos humanos, alimentan la injusticia racial y favorecen la propagación de enfermedades como el VIH y la hepatitis, todo ello mientras se malgastan fondos públicos en políticas ineficaces y perjudiciales. Los gobiernos y los donantes siguen invirtiendo dinero en políticas punitivas sobre drogas en lugar de invertir en soluciones probadas que promueven la comunidad, la salud y la justicia.
Debemos dejar de invertir en esta respuesta ineficaz e injusta a las drogas, cuando lo hagamos, liberaremos fondos esenciales para invertir en programas que den prioridad a la comunidad, la salud, el clima y la justicia.
Esto incluye la reducción de daños, así como otros programas sociales y comunitarios que benefician a las personas marginalizadas y conducen a sociedades más sanas y seguras.
Esta campaña une a una amplia y diversa coalición de personas que trabajan en movimientos aliados de justicia social que desafían la exclusión, la criminalización, el estigma y la discriminación. Esto incluye a defensores y promotores que trabajan en justicia racial, reforma legal penal, justicia de género, derechos de las personas trabajadoras sexuales, derechos de personas LGBTIQA+ y justicia climática.
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Gastamos más de 100 000 millones de dólares en la aplicación de leyes de droga cada año, pero en el último recuento la inversión en reducción de daños ascendió a solo 151 millones de dólares. Esto es solo el 6 % de lo que se necesita en los países de ingresos bajos y medios (PIBM). Décadas de leyes punitivas sobre drogas no han disminuido el consumo o la venta de drogas. En cambio, han dado lugar a violaciones de los derechos humanos, al aumento del VIH y la hepatitis, y a la pérdida de vidas. Estas leyes estigmatizan y criminalizan a las personas, en particular a las de comunidades marginalizadas. A nivel mundial, las leyes sobre drogas han mantenido estructuras racistas, coloniales y han resultado en una mala salud de las personas y las comunidades.
A nivel internacional, las potencias mundiales más destacadas ejercen su influencia sobre la política de drogas en los países de ingresos bajos y medios a través de flujos de financiamiento, la provisión de recursos y asistencia técnica, y la promoción de la prohibición. Un ejemplo sorprendente de esto es el uso de fondos públicos para el control de estupefacientes, ya que los gobiernos utilizan los presupuestos de ayuda oficial al desarrollo (AOD) para financiar la guerra mundial contra las drogas.
- Llamamos a los países donantes para que desinviertan en la injusta guerra contra las drogas y en la aplicación punitiva de las leyes sobre drogas a nivel internacional, nacional y subnacional, e inviertan en programas que den prioridad a la comunidad, la salud y la justicia.
- Pedimos a los países donantes para que dejen de utilizar el dinero de sus limitados presupuestos de ayuda al desarrollo para el control de los estupefacientes, que a menudo viola los derechos humanos y socava los objetivos de salud y desarrollo.
- Exhortamos a los donantes y gobiernos para que sean transparentes en cuanto a su gasto nacional e internacional en políticas de drogas.
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La guerra contra las drogas afecta de manera desproporcionada a las mujeres, las personas trans y las personas de género diverso.
Mientras que 1 de cada 3 personas que usan drogas son mujeres, solo 1 de cada 5 accede a un tratamiento contra las drogas. Las mujeres trans tienen 49 veces más probabilidades de vivir con el VIH. Estas leyes punitivas también alimentan el encarcelamiento masivo: el 33 % de las mujeres encarceladas en todo el mundo lo están por delitos relacionados con las drogas, y las tasas de encarcelamiento femenino están aumentando considerablemente, especialmente en Asia, el Pacífico y América Latina.
La guerra contra las drogas mantiene estructuras racistas.
Esto conduce a una discriminación sistémica y a consecuencias devastadoras para la salud de las comunidades Negras, Morenas e Indígenas. En EE. UU., las personas Negras son 4 veces más propensas a ser arrestadas por posesión de drogas que las personas blancas. En el Reino Unido, las personas Negras son 9 veces más propensas a ser detenidas y registradas en virtud de las leyes sobre drogas. Las comunidades Indígenas y Negras de Canadá, Australia y Estados Unidos se enfrentan a mayores tasas de encarcelamiento y peores resultados de salud debido a la falta de servicios de reducción de daños. Las políticas de drogas de la época colonial siguen criminalizando a las comunidades y tradiciones Indígenas, lo que exacerba crisis de salud como el VIH y la hepatitis C.
La guerra contra las drogas destruye el medio ambiente.
Las políticas punitivas contra las drogas, como la fumigación aérea de cultivos, provocan deforestación, uso de pesticidas tóxicos y contaminación. Las leyes y tratados que criminalizan las drogas amenazan las zonas ecológicamente frágiles.
