La guerra contra las drogas es injusta e ineficaz.
Dar prioridad a las comunidades, la salud y la justicia funciona.
Pero los gobiernos siguen financiando la guerra contra las drogas y no invierten en justicia.
La guerra contra las drogas está malgastando dinero
Entre 2012 y 2021, el control de narcóticos costó 266.703 dólares al día
Una inversión equivalente podría financiar:
TAO para225,252personas al año
329,263jeringuillas al día
UN MOVIMIENTO INTERSECCIONAL POR LA JUSTICIA
La guerra contra las drogas afecta de manera desproporcionada a las mujeres, las personas trans y las personas de género diverso.
Mientras que 1 de cada 3 personas que usan drogas son mujeres, solo 1 de cada 5 accede a un tratamiento contra las drogas. Las mujeres trans tienen 49 veces más probabilidades de vivir con el VIH. Estas leyes punitivas también alimentan el encarcelamiento masivo: el 33 % de las mujeres encarceladas en todo el mundo lo están por delitos relacionados con las drogas, y las tasas de encarcelamiento femenino están aumentando considerablemente, especialmente en Asia, el Pacífico y América Latina.
La guerra contra las drogas mantiene estructuras racistas.
Esto conduce a una discriminación sistémica y a consecuencias devastadoras para la salud de las comunidades Negras, Morenas e Indígenas. En EE. UU., las personas Negras son 4 veces más propensas a ser arrestadas por posesión de drogas que las personas blancas. En el Reino Unido, las personas Negras son 9 veces más propensas a ser detenidas y registradas en virtud de las leyes sobre drogas. Las comunidades Indígenas y Negras de Canadá, Australia y Estados Unidos se enfrentan a mayores tasas de encarcelamiento y peores resultados de salud debido a la falta de servicios de reducción de daños. Las políticas de drogas de la época colonial siguen criminalizando a las comunidades y tradiciones Indígenas, lo que exacerba crisis de salud como el VIH y la hepatitis C.
La guerra contra las drogas destruye el medio ambiente.
Las políticas punitivas contra las drogas, como la fumigación aérea de cultivos, provocan deforestación, uso de pesticidas tóxicos y contaminación. Las leyes y tratados que criminalizan las drogas amenazan las zonas ecológicamente frágiles.
RECURSOS
Criminalizar las drogas no disminuye su consumo ni su venta, ni ayuda a reducir los daños relacionados con ellas.
Sin embargo, estas leyes punitivas provocan violaciones de los derechos humanos, la propagación de enfermedades infecciosas como el VIH y la hepatitis, y la pérdida evitable de vidas. Alimentan el estigma y la discriminación, especialmente hacia las personas de comunidades marginadas.
Sabemos que los programas de salud pública que dan prioridad a la comunidad y la justicia son eficaces y ahorran fondos públicos. Sin embargo, gobiernos y donantes de todo el mundo siguen derrochando enormes cantidades de dinero en financiar respuestas punitivas a las drogas, con escasa transparencia o rendición de cuentas.
Debemos desprendernos de esta respuesta ineficaz e injusta a las drogas. Cuando lo hacemos, liberamos fondos esenciales para invertir en programas que dan prioridad a la comunidad, la salud y la justicia. Esto incluye la reducción de daños, así como otros programas sociales y comunitarios que benefician a las personas marginadas y conducen a sociedades más sanas y seguras.
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Desinvertir en la injusta guerra contra las drogas. Invertir en justicia.
Gastamos más de 100 000 millones de dólares en la aplicación de leyes de droga cada año, pero en el último recuento la inversión en reducción de daños ascendió a solo 151 millones de dólares. Esto es solo el 6 % de lo que se necesita en los países de ingresos bajos y medios (PIBM). Décadas de leyes punitivas sobre drogas no han disminuido el consumo o la venta de drogas. En cambio, han dado lugar a violaciones de los derechos humanos, al aumento del VIH y la hepatitis, y a la pérdida de vidas. Estas leyes estigmatizan y criminalizan a las personas, en particular a las de comunidades marginalizadas. A nivel mundial, las leyes sobre drogas han mantenido estructuras racistas, coloniales y han resultado en una mala salud de las personas y las comunidades.
A nivel internacional, las potencias mundiales más destacadas ejercen su influencia sobre la política de drogas en los países de ingresos bajos y medios a través de flujos de financiamiento, la provisión de recursos y asistencia técnica, y la promoción de la prohibición. Un ejemplo sorprendente de esto es el uso de fondos públicos para el control de estupefacientes, ya que los gobiernos utilizan los presupuestos de ayuda oficial al desarrollo (AOD) para financiar la guerra mundial contra las drogas.
- Llamamos a los países donantes para que desinviertan en la injusta guerra contra las drogas y en la aplicación punitiva de las leyes sobre drogas a nivel internacional, nacional y subnacional, e inviertan en programas que den prioridad a la comunidad, la salud y la justicia.
- Pedimos a los países donantes para que dejen de utilizar el dinero de sus limitados presupuestos de ayuda al desarrollo para el control de los estupefacientes, que a menudo viola los derechos humanos y socava los objetivos de salud y desarrollo.
- Exhortamos a los donantes y gobiernos para que sean transparentes en cuanto a su gasto nacional e internacional en políticas de drogas.
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